El pasado 19 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictado sentencia (Asunto C-295/16) declarando que la regulación española de la venta a pérdida contenida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Ley 7/1996), y por ende en todas las normas autonómicas que la desarrollan, prohibiendo con carácter general realizar ventas con pérdida por considerarlas desleales en sí mismas, excepto en los supuestos en los que “se pretenda alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad de afectar, significativamente, a sus ventas, o se trate de artículos perecederos en las fechas próximas a su inutilización”, es ilegal y contraria al Derecho de la Unión Europea.
En concreto, declara el TUE que la regulación española se opone y es contraria a la Directiva 2005/29/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores que, de manera radicalmente opuesta, permite a las empresas de distribución la libre fijación de precios de venta, con la única exigencia de que no suponga una práctica o conducta desleal, circunstancia que debe ser analizada caso a caso, valorando la finalidad perseguida por el distribuidor, incumbiendo la carga de la prueba a quien la alegue o declare.
La Sentencia del TUE no deroga automáticamente la normativa española pero conforme a la primacía del Derecho de la Unión Europea, pesa sobre la Administración pública española, Jueces y Tribunales, la obligación de no aplicar dicha normativa.
Mirando hacia atrás, las empresas de distribución españolas durante los 20 años de vigencia de la prohibición general de venta a pérdida, ahora declarada ilegal, han tenido que afrontar y asumir el pago de numerosas y elevadas sanciones impuestas, normalmente, por las Comunidades Autónomas, a lo que hay que sumar los costes administrativos asociados a constantes inspecciones y a los expedientes sancionadores derivados de ellas; sin embargo, no ha sido ese el peor efecto de su vigencia.
Durante todo este tiempo, las empresas de distribución españolas se han visto constreñidas al diseñar sus estrategias comerciales y limitadas en el ejercicio de su derecho a la libre fijación de precios, expresión del principio de libertad de empresa; por su parte, los Clientes y Consumidores en ocasiones se han visto privados, seguramente, de mejores condiciones de acceso a los productos.
Queda abierta ahora la posibilidad de interponer la correspondiente reclamación patrimonial del Estado al amparo de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, por los daños sufridos por las empresas de distribución durante los cinco años anteriores a la fecha de la Sentencia del TUE.
Esta celebrada Sentencia del TUE, establece un nuevo escenario para el muy competido mercado español que, sin duda, permitirá que las empresas de distribución españolas puedan afrontar el futuro en mejores condiciones, haciendo frente de manera imaginativa a las multinacionales europeas de la distribución que operan en España, posicionándose competitivamente en el imparable canal del comercio online y haciendo frente a la llegada de nuevos operadores, también multinacionales, que ha traído.
Como reflexión final, es momento de plantearse, de una forma disruptiva, dogmas y creencias del pasado que bajo el argumento de la defensa y protección al Consumidor, empleando la regulación e intervención en el mercado para su mantenimiento y vigencia, y un severo régimen sancionador para garantizar su ejecución, vienen limitando e impidiendo a las empresas de distribución españolas el diseño de su política comercial de una manera libre pero leal. Poniendo al Cliente y Consumidor como eje estratégico de sus actuaciones, de una manera real y plena, ofreciéndole los mejores precios y servicios, dogmas y creencias que en definitiva empeoran las condiciones en el que las empresas de distribución españolas compiten en un mercado global de capitales, bienes y servicios.
