En un mundo complejo donde intervienen tantos factores, económicos, tecnológicos y humanos es  frecuente escuchar referencias a la parte fuerte o la parte débil de una negociación, de una cadena, o de un sistema de producción. Sin embargo, reducir la complejidad de los procesos a un adjetivo no hace que las cosas sean más sencillas, ni ayuda a la mejora de la eficiencia de  éstas cadenas o procesos.

Es frecuente también escuchar hablar acerca de las relaciones justas o injustas entre las partes. Si partimos de un concepto de justicia, en el cual ésta se define como principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, la cuestión es todavía más enrevesada porque partes hay muchas, verdades también y quién sabe lo que le corresponde a  cada cual  cuando en veintiún siglos de historia el ser humano no ha llegado a ningún acuerdo sobre este punto y muchos otros.

En  el sector agroalimentario  entran en juego varias partes: proveedores (industria agroalimentaria, logística, tecnología, servicios etc.) consumidores, sector primario, reguladores, competidores, accionistas, empleados…

Delimitar, de manera general, quien es la parte fuerte o débil no debiera ser sencillo, sin embargo  hay un axioma que prevalece de manera relevante y permanente, el eslabón más débil es el sector primario. Un sector primario que por

estar bajo este axioma recibe aún hoy fuertes ayudas directas  e indirectas que no reciben otras partes de la cadena.

No cabe ninguna duda de que la actividad agraria y ganadera  bien gestionada incide de manera favorable y decisiva en el mantenimiento de nuestros habitas, evitando o pudiendo evitar el deterioro de los recursos naturales,  por otra parte cada vez más escasos. Tampoco cabe duda de que para poder tener alimentos éstos han de ser producidos previamente. Por tanto es indudable el valor de esta parte de la cadena. Sin embargo, parece cuestionable que por  ello   haya de convertirse en la parte más débil.  No se trata de generar un debate sobre si el efecto de las ayudas económicas o subvenciones enriquecen o empobrecen a un sector, ni tampoco de si estas favorecen o no la competitividad, o si es débil un sector que arrastra la atención de tantos organismos nacionales e internacionales, sino de saber si se cumple “el objetivo de asegurar al consumidor un suministro de alimentos a precios razonables y garantizar una retribución equitativa a los agricultores”. Porque  lo que sí es cierto, es que al resto de los actores no se les garantiza ni se les pretende garantizar nada.

Ahí es donde aparece el resto de la cadena. Existe una industria transformadora que puede tener o no tamaño,  ciertamente  hay una fuerte concentración de  marcas de gran consumo en manos de muy pocas compañías y esto impacta en el mercado de materias primas, pero también es verdad que tenemos numerosas industrias de tamaño mediano y muchas cooperativas que invierten en I+D  y  que  con su propia estructura de costes y sometidas a a las vicisitudes de los mercados crean empleo, compiten, pagan impuestos y buscan la excelencia en los procesos.

Forman parte de la cadena también operadores logísticos que contribuyen de manera eficiente a situar el producto donde  el consumidor desea adquirirlo. También tienen costes importantes y riesgos intrínsecos a su actividad. Operando en un mercado muy competitivo. Tenemos a  la distribución  buscando llevar el producto al consumidor de una manera cada vez más fácil y eficiente,  con una estructura de costes compleja que arrastra desde el resto de la cadena y en condiciones de libre competencia. Algunas compañías además están sometidas a la presiones de los mercados financieros, otras no. No sólo hay aquí grandes empresas, también hay una extensa red de microempresas (franquicias) asumiendo riesgos y peleando por la venta día a día.

La tecnología nos acompaña a todos en este camino  requiere inversiones, nuevos empleos y decisiones disruptivas en más de una ocasión. Con ella  aparecen también nuevos entornos de competencia a tener muy en cuenta.

No nos olvidamos de los reguladores buscando objetivos tal vez dispares pero igualmente legítimos.

Por supuesto todas las partes de la cadena  generan empleo. Ahora bien si acudimos a las cifras el peso de la parte correspondiente a servicios es superior de lejos a cualquier otra.

Y al final está el consumidor y consumidores somos todos. En términos generales, el consumidor no está subvencionado sino que por el contrario paga un precio por el producto y paga impuestos,  que cubren entre otras muchas cosas subvenciones. Un consumidor que sufre por cada ayuda artificial o por cada ineficiencia de mercado  supone un impacto negativo en su bolsillo.  Nadie garantiza que si sube el precio de la cesta de la compra el consumidor pueda adquirir los productos más básicos,  de hecho el acceso a la alimentación de todas las familias es desigual.

Sin el primer eslabón de la cadena no habría alimentos para procesar, vender sin el último daría igual producir  o  procesar, no se podría o sería muy difícil  vender  los alimentos que no llegarían a millones de personas. Hay alimentos que aún producidos y procesados ya no se venden o se venden poco  y  hay otros que dejarán de venderse.

La intervención en la cadena siempre es posible, su justificación estará amparada por un discurso político o económico, sin duda legítimo. Pero que ésta intervención lleve a una cadena más justa o que determinado eslabón sea el más débil no parece que sean afirmaciones que queden probadas. Una cadena que no esté en libre competencia generará ineficiencias que pagará el consumidor al igual que paga las ayudas y subvenciones que él no recibe y dejará a un mayor número de personas con peor acceso a los productos más básicos o a mejores servicios.