A menudo nos preguntamos por la relación entre las empresas y los poderes públicos. Suele ser una relación compleja, puesto que las decisiones que se toman desde el ámbito político pueden influir en la actividad económica del sector privado a través de la elaboración de las leyes.

Desde el Grupo DIA siempre hemos considerado que la relación entre la Administración y las empresas solo puede ser entendida desde la colaboración. Regular sin conocer un mercado es un riesgo que ningún legislador debería permitirse.

Por su parte, las empresas, especialmente aquellas que trabajamos en sectores sensibles, tenemos una obligación con el sector público: darnos a conocer y trasladar nuestra experiencia a los decisores para que cuenten con la información más completa a la hora de legislar.

De un correcto entendimiento de nuestro sector saldrán mejores leyes para todos. Pero esta relación debe ser recíproca y las empresas también necesitan conocer y dialogar con el legislador para ser conscientes de la gran cantidad de factores que influyen a la hora de regular.

El conocimiento exhaustivo de estos procesos se traducirá en buenas prácticas para una correcta y legítima representación de los intereses del sector privado. Por ello, se hace más que nunca necesario profesionalizar la actividad de la gestión de asuntos públicos para evitar así que sea vista con oscurantismo.

Por otra parte, en la actualidad nos vemos inmersos tanto a nivel nacional como europeo  en el fenómeno de la hiperregulación. Es evidente que el legislador debe siempre mirar por el interés común y regular aquellos aspectos que considere más importantes para salvaguardar el mandato de los ciudadanos. Pero el exceso de regulación puede llegar a ser perjudicial.

Así, frente a la hiperregulación, defendemos una regulación inteligente, que esté regida por principios claros, con el interés público por bandera, homogénea para garantizar la unidad de mercado y que no cree más problemas de los que pretende solucionar, asegurando la protección del consumidor y sin que esto frene el progreso social y económico.  Por todo ello, el principal beneficiado de ese diálogo claro, transparente y fluido entre empresas y legisladores no será otro que el ciudadano.