Algo se está moviendo en torno al sistema de reciclaje en España. En un anterior post ya explicábamos cómo la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña  quieren  implantar un nuevo sistema de recogida de residuos bajo las siglas SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) que conviva con el actual sistema de reciclaje que ya existe y que se conoce como SIG, Sistema Integrado de Gestión de residuos.

La ley de envases que rige ahora mismo en España data de 1997 y ya permitía la opción de tener un SDDR o de optar por SIG. A su amparo nacieron dos entidades sin ánimo de lucro hoy conocidas por una gran mayoría de ciudadanos, Ecoembes y Ecovidrio, que tienen por finalidad la recogida periódica de envases usados y residuos de envases, en el domicilio del consumidor o en sus proximidades. Estos envases deben identificarse con el símbolo correspondiente, lo que hoy el consumidor conoce como símbolo de reciclaje.

Ecoembes  gestiona las aportaciones económicas que realizan las empresas adheridas al SIG  (lo que se conoce como pago del punto verde) y gracias a ello colabora con  las diferentes administraciones públicas locales y autonómicas posibilitando que más de 46 millones de españoles puedan reciclar a diario los residuos generados en nuestros hogares. Así, España cuenta con 566.957 contenedores amarillos y azules donde los ciudadanos pueden depositar sus envases.

Como ya es sabido por la mayoría, para poder reciclar los envases que se consumen habitualmente, primero debemos separarlos en el contenedor correspondiente, según el material del que están hechos. Así, los envases de plástico, latas y bricks van al contenedor amarillo y los envases de papel y cartón al azul.

Conviene apuntar que las empresas aportan a estas asociaciones sin ánimo de lucro en función de los envases que ponen en circulación. Por tanto, y como es lógico, no aporta lo mismo una pyme que una gran corporación. En el caso de Grupo DIA, la compañía destina al pago de su punto verde (Ecoembes) más de cuatro millones y medio de euros anuales.

La organización, el plan estratégico, las  cuentas o la actividad social de Ecoembes son públicas y pueden ser consultadas por cualquier interesado en su propia web. (Aquí el link).

Como se puede ver ahí, DIA cuenta en la actualidad con representación en el Consejo de Administración de Ecoembes. También están presentes en este Consejo la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas que representa a más de 5.000 empresas del sector en España u otras asociaciones como ANEP (Asociación nacional de Envase de PET) o ARPAL (Asociación para el Reciclado de Aluminio) . Aquí se puede consultar todos sus miembros. Sin opacidades.  

Una vez aclarado este punto, pasemos ahora a los implicados en el nuevo sistema de reciclaje SDDR que quieren implantar Valencia, Baleares y Cataluña. Aquí las respuestas a las preguntas son algo más complicadas.

Como ya  se comentó en el anterior post, para poner en marcha este sistema se plantea que en todos los negocios en los que se venden los envases, da igual que sean pequeños o grandes, se instalen unas máquinas de recogida con un precio medio de unos aproximadamente 20.000 euros. El consumidor, que previamente habría pagado 10 céntimos de más por estos envases, los depositaría en esas máquinas y se le devolvería ese importe siempre que se encontrara en perfecto estado y con la etiqueta.

La primera pregunta, ¿quién fabrica esas máquinas y qué le supone el sistema? Pues las fabrica una empresa noruega que se llama Tomra, que cotiza en la Bolsa de Oslo y que cuenta con gran parte del mercado de estas máquinas recicladoras. A diferencia de Ecoembes y Ecovidrio, que son entidades sin ánimo de lucro creadas al amparo de una ley, detrás del nuevo sistema hay una única empresa privada que debe reportar al mercado los beneficios de su actividad. Este es el motivo por el que Tomra avanza en su presentación de resultados financieros de octubre de 2016 que en España tiene una importante oportunidad de mercado, que supondría la venta de 15.000 de sus máquinas para el 2018.  (En la página 32 de su presentación se puede ver). Vaya por delante que nada que objetar al negocio legítimo de la empresa noruega, sólo faltaría. Lo que se pretende es informar al ciudadano de quién hay detrás de los intereses de la aplicación del SDDR.

Otra pregunta es: ¿Quién difunde las bondades del sistema?

El principal difusor, no necesariamente el único, es la Fundación Retorna. Pero ¿quién es? No podemos decir mucho sin riesgo a equivocarnos. A diferencia de Ecoembes, la Fundación Retorna no muestra su organización, ni sus cuentas, ni su Plan estratégico, ni quienes están en su patronato, así que más allá de cuáles son la veintena de organizaciones que la apoyan, poco se puede saber.

Uno de los argumentos que Retorna utiliza en su web como base para la defensa de este modelo es su existencia en Alemania, que convive con el habitual sistema de contenedores de colores. Nada se cuenta de otros países como Holanda, que una vez aprobado, han decidido retirarlo por poco viable. Tampoco se ofrecen datos de los costes de implantación  que este modelo tuvo en Alemania. ¿Quién pagaría esto en España? ¿Cómo afrontarán los pequeños hosteleros y comerciantes el pago e instalación de estas máquinas?

Precisamente el director de Expra, que es la organización sin ánimo de lucro que aglutina en Alemania los sistemas de recuperación de envases y embajales, explicaba recientemente en una entrevista con el diario El Mundo su visión sobre este sistema que ya funciona en el país teutón. A su juicio, los intereses relacionados con el SDDR son más económicos que medioambientales, con el añadido de que el nuevo sistema es objetivamente más caro.

Entonces ¿Por qué no mejoramos el actual sistema con el que ya contamos y descartamos un modelo con el que además sólo se se puede gestionar el 9% de los envases?